«Una enseñanza auténtica, exámenes auténticos, talentos auténticos»: un eslogan que suena muy bien. Pero en el ámbito de la educación, lo que importa no es la belleza del eslogan, sino lo que ocurre entre bastidores. Mientras se multiplican las sospechas de fraude en los exámenes, los ciudadanos tienen derecho a preguntarse: en caso de irregularidad, ¿quién asume la responsabilidad? ¿O es que, al final, todo volverá a quedar zanjado con unas cuantas reuniones, unos informes de autocrítica y una expresión tan manida que resulta ya cansina: «sacar profundas lecciones»?

Lo irónico es que el sistema educativo enseña a la joven generación la honestidad, mientras que estos incidentes negativos, si no se abordan con total transparencia, corren el riesgo de transmitir un mensaje totalmente contrario: se redacta un informe de autocrítica cuando se comete un error y, después, todo vuelve a empezar desde cero. Para «estudiar y hacer exámenes con total sinceridad», hay que crear, ante todo, un entorno en el que se proteja la honestidad y se sancione la deshonestidad. No se puede exigir a los alumnos que sean sinceros si los adultos solo hablan de la verdad desde su tribuna, mientras siempre tratan de eludir sus responsabilidades.
La calidad de un sistema educativo no se mide por el número de lemas colgados en las paredes, sino por la forma en que la sociedad trata a los deshonestos y protege a los honestos. La pregunta que habría que plantearse, por tanto, es la siguiente: ¿estamos construyendo un sistema educativo basado en el «aprendizaje auténtico y los exámenes auténticos», o simplemente estamos aprendiendo a «sacar buenas notas» con brillantez?










