La ley acaba de modificarse y ya se vuelve a modificar: ¿el ordenamiento jurídico compite consigo mismo?

Tras dos modificaciones consecutivas en el año 2025, la Ley de Promulgación de Textos Normativos se enfrenta a una nueva ronda de ajustes. Si se aprueba el proyecto de ley, el sistema normativo relativo a la elaboración y promulgación de leyes seguirá cambiando, en un contexto en el que muchos textos recién promulgados han sido rápidamente modificados y complementados. La legislación debe adaptarse a la realidad, pero el ritmo vertiginoso de los cambios plantea cada vez más dudas sobre su estabilidad y la capacidad de los responsables de su aplicación para mantenerse al día.

Cabe destacar que el proyecto permite al Gobierno modificar las leyes de la Asamblea Nacional mediante decretos en dos casos: situaciones de emergencia o urgencia en las que la Asamblea Nacional no pueda reunirse, y ajustes técnicos para resolver problemas que surjan. El proyecto también se basa en el principio de que cada autoridad competente solo promulgue un tipo de acto normativo; por ejemplo, el presidente de la República promulgará un decreto en lugar de tanto un decreto como una resolución, como ocurría anteriormente. El objetivo es simplificar el sistema, pero el ámbito de aplicación, las condiciones de control y los mecanismos de garantía de la competencia siguen siendo aspectos que deben examinarse detenidamente.

Según la información facilitada, en la sesión de finales de este año está previsto examinar 45 proyectos de ley y resoluciones, entre los que se incluyen muchos borradores importantes. El gran volumen legislativo pone de manifiesto que la necesidad de perfeccionar las políticas no es en absoluto insignificante. Sin embargo, modificar las leyes rápidamente no significa que estas vayan a ser mejores si se carece de una evaluación de impacto, de consultas y de un plazo de aplicación adecuado. Lo que la ciudadanía necesita no son solo nuevas normas que surgen continuamente, sino también un ordenamiento jurídico claro, coherente y lo suficientemente estable como para que los ciudadanos y las empresas puedan preverlo y cumplirlo.

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